El 28 de julio se celebrarán en Venezuela unas elecciones decisivas que tienen el potencial de restaurar la democracia en la región y hacer frente a los rampantes abusos contra los derechos humanos.
Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde 2013 y, en este tiempo, su régimen autoritario ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos, ha sofocado la democracia y ha creado una drástica crisis humanitaria. Millones de personas no pueden acceder a la atención sanitaria básica ni a una alimentación sustancial.
Entre 2016 y 2019, la policía y otras fuerzas de seguridad mataron a más de 19.000 personas y siguieron atacando a civiles y a la oposición política.
Esto, junto con una grave crisis económica y altos índices de delincuencia, provocó que el 20% de la población huyera del país desde 2014: aproximadamente 7,7 millones de venezolanos.
Una media de 2.000 personas siguen marchándose cada día.
Las próximas elecciones prometen un cambio.
Edmundo González, ex diplomático que aboga por la democracia y la reunificación de familias separadas por la migración, desafía a Maduro.
González está por delante de Maduro en las encuestas, lo que supone una esperanza de libertad política y de un futuro democrático.
Sin embargo, Maduro tiene un largo historial de manipulación de las elecciones a su favor.
Muchos predicen que el actual presidente venezolano no dejará el cargo por voluntad propia.
En un esfuerzo por influir en las próximas elecciones, Maduro y su gobierno están recurriendo a tácticas generalizadas de supresión de votantes.
En abril, el Ministerio de Educación anunció un plan para cambiar el nombre de 6.000 escuelas, muchas de las cuales se utilizan como centros de votación, una decisión que podría desorientar a los votantes a la hora de localizar su colegio electoral.
La administración se esfuerza además por silenciar a quienes han abandonado el país, alegando requisitos de residencia y pasaporte para quienes votan desde el extranjero.
De los 3,5-5,5 millones de venezolanos que viven fuera del país con derecho a voto, sólo 69.000 están registrados.
Se trata de una población crítica, ya que muchos votarían probablemente contra Maduro.
El régimen también está trabajando para impedir que se realicen esfuerzos efectivos de supervisión de las elecciones, incluida la desinvitación de la mayor misión de observación internacional procedente de la Unión Europea.
Un tercer mandato de Maduro garantiza otros seis años de drásticos abusos contra los derechos humanos y la probabilidad de que aumente la migración forzada. Es probable que millones de venezolanos más huyan si Maduro gana las elecciones.
A medida que los partidarios de la oposición abandonen el país, la influencia de la oposición en la región disminuirá, junto con las posibilidades de democracia.
Estas elecciones tienen un enorme peso para quienes buscan mejorar los derechos humanos, restaurar la democracia en el país y reunirse con sus seres queridos obligados a marcharse.
Si González tiene éxito, tendrá el potencial de marcar el comienzo de una nueva era de mayores libertades y democracia para Venezuela.
Es probable que el nuevo liderazgo también modifique la política exterior venezolana, alejando al país de estrechas relaciones con autocracias como China, Irán y Rusia. Ruby Coleman es becaria junior del McCain Institute para el Programa de Derechos Humanos y Libertad, y estudiante de último curso en American University, donde cursa Ciencias Políticas, al tiempo que realiza un máster en Comunicación Política.
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