Andrea Villagrán es líder global del McCain Institute y es diputada del Parlamento de la República de Guatemala desde 2017. Es la congresista más joven de Guatemala y actualmente se encuentra en su segundo mandato, ya que fue reelegida en 2020. ]Ha defendido una agenda legislativa a favor de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.
Pascual Melvin Guachiac Sipac, guatemalteco de 13 años, fue uno de los 51 migrantes que murieron en un camión abandonado en San Benito, Texas, el 27 de junio[1]. Melvin decidió emigrar por su cuenta; su sueño era salir de la pobreza y continuar sus estudios para ayudar a su familia a tener una vida mejor. Este es el drama de miles de guatemaltecos que a diario deciden emigrar, obligados a abandonar el país gobernado por la pobreza y la violencia; sobre todo de un gobierno que no da garantías para una vida digna.
Guatemala tiene una población de 16 millones de personas, con la mayor economía de Centroamérica (PIB nominal) y los mayores índices de desnutrición y pobreza de la región[2]. La migración en Guatemala tiene causas estructurales que dan lugar a la pobreza extrema y a las grandes brechas de desigualdad en las que vive la población. La razón principal es la corrupción, ya que el enriquecimiento de grupos poderosos a costa del Estado (que se han beneficiado de privilegios) ha llevado al país a un autoritarismo extremo y a la dictadura a lo largo de su historia política, dando paso al crimen organizado, al narcotráfico y a las bandas. Esto ha impedido que Guatemala mantenga una democracia sólida, ya que las instituciones están incluso cooptadas por grupos criminales. El desvío de recursos públicos hace imposible ofrecer garantías de acceso a la educación, la sanidad y la seguridad alimentaria. La inseguridad y la violencia son provocadas, por lo que hay poca confianza para generar inversiones y ampliar las fuentes de empleo.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que 63.520 guatemaltecos fueron devueltos en 2021. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra una cifra más alarmante: 283.035 migrantes guatemaltecos fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Contradictoriamente, los guatemaltecos que han emigrado por falta de oportunidades, son los que más contribuyen a la economía del país. En 2021, el total de remesas fue de 15.295 millones de dólares, lo que representa una parte importante del PIB de Guatemala y supera el presupuesto nacional (14.000 millones de dólares). A pesar de la pandemia de COVID-19, las remesas han aumentado un 25% en comparación con los años anteriores. Esto no debe ser visto como un logro del Estado; es, por el contrario, el fracaso del sistema porque es el esfuerzo de miles de guatemaltecos que se vieron en la necesidad de migrar porque su país no les brindaba oportunidades para una vida digna.
Las acciones del Estado de Guatemala deben centrarse en fortalecer y garantizar los derechos humanos de la población y consolidar la democracia, para lo cual es necesario el acceso a la justicia, los servicios básicos, la transparencia y la erradicación de la corrupción. Un país que garantiza lo necesario para sus habitantes, emigrar es una cuestión de elección, no de supervivencia.
El dramático éxodo que experimentan los guatemaltecos que buscan emigrar para sobrevivir, exponiendo sus vidas, destruye los proyectos de vida y fragmenta la comunidad. Es necesario contar con una clase política decidida a dejar de lado los intereses privados y superponer los intereses de la nación para lograr el desarrollo deseado. La ética pública y política es fundamental. Las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes, tienen el reto de cambiar esta realidad. Mientras continúe la impunidad en el país, la corrupción seguirá cobrándose vidas y sueños como el de Melvin.
[1] https://www.nytimes.com/live/2022/06/28/us/texas-migrants-dead
[2] En Guatemala, 4,6 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria.
